El crecimiento en el número de personas que se suicidan o que lo intentan en nuestro país, debe llevar a una profunda reflexión sobre lo que nuestra sociedad está haciendo en lo social; y muy especialmente, lo que los gobiernos, en todos sus órdenes, están haciendo para intervenir asertivamente en esta problemática.
Comprender la complejidad de lo que los suicidios implican puede llevarnos a una profunda tristeza. Pero puede llevarnos también a una profunda indignación en torno a las causas que están relacionadas con estas muertes que no debieran ser; y más todavía, debiera movernos, a todas y todos a actuar en consecuencia y exigir, de una vez por todas, un cambio radical en las condiciones estructurales que están generando que cada vez más personas se quiten la vida.
Imputar sólo al gobierno la responsabilidad de las condiciones sociales que llevan a las personas al suicidio sería impreciso, quizá incluso injusto; pero no lo es exigirle que actúe ya, para poner en marcha nuevas políticas de inclusión, de erradicación del hambre y de atención de la salud mental de las personas y de sus familias. Por ello es importante insistir en que hoy la política social no puede reducirse, como se pretende desde las instituciones públicas, a la entrega de cheques y despensas, sino que debe ampliarse para buscar que México pueda ser para todos, un lugar en el que la vida sea digna de ser vivida.
Hoy, el gobierno, y toda la sociedad, estamos ante el reto de responder a la complejidad de los problemas que nos tocó enfrentar; de todas y todos dependerá tener la capacidad de transitar hacia una sociedad más justa e incluyente, o bien, instalarnos en el silencio cínico y continuar presenciando el horror de la muerte auto infligida frente al sinsentido de la vida.
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